¿GUARDO ENTERRARÁ CO2?

El país 16/02/08

 

REPORTAJE

Once sumideros para enterrar CO2

El Estado se reserva lugares para almacenar emisiones de centrales térmicas

Si hay que reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, ¿por qué no enterrarlo? La captura del dióxido de carbono desde la central en que se origina es una fórmula innovadora y controvertida que ya da pasos en España. El Estado se ha reservado once emplazamientos de distintas superficies por toda la geografía peninsular como futuros emplazamientos para almacenar a más de 1.000 metros de profundidad las emisiones de dióxido de carbono de centrales térmicas.

 

La superficie de los once emplazamientos está completamente definida en tierra y mar, tal como se hace con las reservas mineras, para que en un futuro próximo ningún particular ni empresa especule con la propiedad de los terrenos bajo los cuales se almacene el dióxido de carbono. Los lugares elegidos son cuatro en la plataforma continental del Cantábrico, frente a los municipios de LLANES Y BUELNA (Asturias), SUANCES (Cantabria) y MUNDAKA (Vizcaya); otro en la bahía de Huelva; y el resto en tierra firme en las cercanías de Colmenar Viejo (Madrid), Guardo (Palencia), La Tumba (Zaragoza), ELJUIVE (Teruel), TOMELLOSO (Ciudad Real) y La Murada (Alicante).

"Hemos descartado muchos emplazamientos porque eran pequeños. Hay que tener en cuenta que un almacén geológico para gas tiene que ser completamente hermético y esas condiciones no se suelen encontrar por encima de los mil metros de profundidad", precisa Juan Manuel Kindelán, presidente de la Fundación para Estudios sobre la Energía, la organización que se ha responsabilizado de identificar los lugares idóneos. La inscripción de estas zonas se ha llevado a cabo por parte de la dirección General de Política Energética y Minas a favor del Estado.

Ignasi Nieto, secretario general de Energía, y Kindelán acordaron dar este paso para evitar a especuladores que pretendan reclamar supuestos derechos mineros. "Decidimos que sería bueno para el Estado inscribir estas reservas antes de hacer los estudios en profundidad sobre cada emplazamiento", afirma Kindelán, quien en el pasado fue responsable de la empresa pública de residuos radiactivos ENRESA y presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.

El aumento sostenido del precio del petróleo y la incertidumbre generada por la energía nuclear ha impulsado en los países industrializados el retorno al carbón, del que existen importantes reservas. El problema que acarrea su explotación son las cuantiosas emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases, que provocan el efecto invernadero y el cambio climático.

La mayoría de estos países han suscrito el Protocolo de Kioto y muchos de los que todavía no lo han hecho se han comprometido a reducir drásticamente esas emisiones. Una de las vías para poder seguir explotando las reservas carboníferas y evitar sus efectos nocivos es la aplicación de tecnologías que reduzcan las emisiones y su secuestro o captura durante y después de la combustión. Otra es mediante su valorización o transformación química en plásticos, un objetivo en el que trabaja el Instituto de Carboquímica del CSIC en Zaragoza y el Instituto Nacional del Carbón en Oviedo.

En PUERTOLLANO, la central térmica experimental de Elcogás lleva desde 1999 aplicando distintas tecnologías para atrapar el CO2 antes de escapar a la atmósfera. Queda por identificar cuáles serían los emplazamientos seleccionados para enterrarlo con seguridad.

A esa tarea se dedica específicamente un equipo del Instituto Geológico y Minero encabezado por Roberto Martínez en colaboración con otras entidades científicas y varias compañías que cuentan con la financiación de 25 millones de euros del CDTI para un proyecto Cenit que engloba todo el proceso bajo la dirección de Juan Carlos Ballesteros, de Endesa.

El IGME y las compañías petroleras como Repsol son quienes mejor conocen los potenciales emplazamientos de esos sumideros en España. Obviamente, la geología de los terrenos donde han efectuado prospecciones se domina mejor que la de otros sobre los que no se ha desarrollado ninguna actividad similar.

Kindelán, que es ingeniero de minas, ha recurrido a un equipo dirigido por los profesores José María Martínez-Val y Emilio Menéndez e integrado por consultores y catedráticos. El proyecto ha contado con 250.000 euros facilitados en patrocinio por varias empresas y la ayuda del Ministerio de Industria.

100 millones de toneladas

Una vez terminado el estudio, la Fundación pidió a Industria que congelara inmediatamente las coordenadas de los emplazamientos seleccionados para evitar su comercialización. Según Kindelán los sumideros de CO2 deben tener una capacidad mínima de 100 millones de toneladas, el volumen de gas que emite una central térmica de carbón a lo largo de los 30 años de su vida útil.

En su opinión, las centrales térmicas deberían instalarse en las proximidades de estos sumideros para no tener que asumir el coste del transporte del CO2.

Como complemento a la identificación y registro de estos 11 sumideros, el Ministerio de Industria destinará 10 millones de euros de los fondos mineros para que el IGME acelere sus trabajos en la identificación de otros potenciales emplazamientos. Kindelán sostiene que "no existen datos sobre la geología profunda porque no le ha interesado a nadie. Nadie los ha estudiado, salvo las petroleras".

La captura de CO2 pretende ser una solución al cambio climático que no convence a los ecologistas, que temen que se relajen los esfuerzos mundiales para reducir emisiones. "Es una solución de final de tubería, que sólo sirve para emitir más CO

“Aunque luego se entierre", declaró Raquel Montón, portavoz sobre energía de Greenpeace. "Se da un balón de oxígeno a las empresas más contaminantes", opina.

El país 18/02/08

"¿Un depósito de qué?"

El proyecto de Industria de instalar almacenes subterráneos de CO2 residual pilla desprevenidos a alcaldes y vecinos de los municipios seleccionados

 

"Un almacén ¿de qué?", se pregunta sorprendido Julián, jubilado de 66 años, en la plaza de España de Tomelloso (Ciudad Real), uno de los 11 municipios en los que el Estado ha reservado terrenos para construir depósitos subterráneos del CO2 emitido por centrales térmicas.

Julián no era el único que ignoraba la noticia publicada el pasado sábado por EL PAÍS. En todas las localidades consultadas por este periódico ni los alcaldes ni los vecinos conocían el proyecto del Ministerio de Industria, que prevé almacenar los residuos de dióxido de carbono a más de 1.000 metros de profundidad. Las reacciones oscilan entre la cautela de algunos alcaldes, la preocupación de los vecinos y el rechazo de los ecologistas, que sencillamente consideran la iniciativa como "una manera de esconder la basura bajo la alfombra".

El proyecto está en una fase muy inicial. Industria sólo ha reservado los 11 emplazamientos para evitar su comercialización (la disposición se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de febrero). El siguiente paso será estudiar en profundidad cada una de las reservas, según ha señalado Juan Manuel Kindelán, presidente de la Fundación para Estudios sobre la Energía, el organismo que ha seleccionado los terrenos. Son cinco en el mar: cuatro frente a la costa cantábrica, en Llanes y Buelna (Asturias), Suances (Cantabria) y Mundaka (Vizcaya), y uno en la bahía de Huelva; y seis en tierra firme: Colmenar Viejo (Madrid), Guardo (Palencia), Ejulve (Zaragoza), Caspe (Teruel), Tomelloso (Ciudad Real) y La Murada (Alicante). Se trata de un plan previsto para 2015 que aún carece de peticiones de permisos y que requiere un amplio estudio de impacto ambiental.

Es precisamente esta falta de concreción, junto al hecho de enterarse a través de la prensa, lo que ha indignado a algunos alcaldes. Tanto el de Chunta de Ejulve (222 habitantes), José Manuel Salvador, como la de Caspe (8.495 habitantes), Teresa Francín, se quejan de que nadie les ha informado e inciden en que no es ése el desarrollo que quieren para sus pueblos. "De entrada no me parece bien, y hay que estudiarlo a fondo, aunque creo que es a muy largo plazo. Veremos", sostiene Salvador.

En otros ayuntamientos consultados por este periódico también cundía la incertidumbre. Representantes de Llanes (13.271 habitantes) y Tomelloso (35.534) están sorprendidos, pero anuncian su intención de esperar a conocer los detalles del proyecto antes de pronunciarse. José Antonio Rodríguez Barberá, concejal de Urbanismo de Orihuela, municipio del que depende el núcleo poblacional de La Murada (3.600 habitantes), afirma que pedirá información "para presentar las alegaciones oportunas".

El perímetro del depósito número 4 se extiende al norte de Madrid, desde Colmenar Viejo a Algete, e incluye terrenos de Tres Cantos, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. El alcalde de Alcobendas (105.000 habitantes), Ignacio García de Vinuesa, va más allá y asegura que se reunirá "urgentemente" con sus homólogos de las localidades vecinas, todos del PP, para hacer frente común y pedir explicaciones al Gobierno. El más claro en su rechazo es el de Mundaka (1.789 habitantes), Unai Rementeria. "Estoy con una rabia absoluta. No tenía ni la más remota idea. El Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación. Estas cosas no se hacen así". Y advierte de que los criterios para ubicar las reservas "no se deben basar sólo en los estudios de las petroleras".

La misma sensación de sorpresa provocó la noticia entre los vecinos de los municipios incluidos en el plan ministerial. "La mierda para acá y el dinero para ellos", sentenciaba Antonio Martínez, un jubilado de 65 años de La Murada, una localidad que lleva 15 años luchando contra un vertedero ilegal de basura orgánica.

En Tomelloso, varios jubilados charlaban el sábado pasado en la plaza de España. Pedro, de 64 años, no había leído el periódico pero no le sonaba nada bien eso de que vayan a colocar un almacén de residuos en su municipio. "Mejor que se lo lleven, porque seguro que no será bueno para el pueblo. El dinero siempre se lo llevan otros".

Mayor inquietud suscitaban las futuras reservas marítimas. "No tiene sentido hacerlo en el mar. Si se produjera un escape, ¿quién lo puede controlar a esas profundidades y sometido al oleaje y el viento?", se preguntaba en Llanes Ángel Batalla, de 49 años, pescador desde hace 30. "A 20 o 22 millas de Llanes el fondo marino alcanza profundidades de 3.000 y 4.000 metros. No hay tecnología para actuar a esa profundidad en caso de que se produjeran emanaciones", advierte Batalla.

Parte de la preocupación expresada provenía de la sospecha de que la creación de depósitos puede acarrear la construcción de centrales. Kindelán ya ha sugerido que las centrales térmicas deberían instalarse en las proximidades de estos almacenes para no tener que asumir el coste del transporte de C02 . "No he oído que haya un proyecto para crear centrales, pero si es así al menos podrían explicarnos de qué va todo eso", señaló el estanquero José Antonio de la Fuente, de Colmenar Viejo.

Con información de Concha Monserrat, Javier Cuartas, Javier Sánchez del Moral, Salvador Navarro, Alberto Uriona y Manuel J. Albert.