Cada minero cuesta al año 200.000 euros

APOYO. Zapatero relanza un caro plan de ayudas al sector pero sólo el 20% llega a los hogares

BALTASAR MONTAÑO | J. A. OTERO El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le tiene verdadero pavor a un posible revival de la marcha negra que en 1992 plantó en Madrid a más de 6.000 mineros contra la política de Felipe González en este sector productivo. También teme, y no poco, que se le levanten en armas Asturias y León (su tierra) como le pasó a José María Aznar en 1996. Aquel año, un desconocido diputado raso por León proponía en el Congreso una batería de medidas para salvar la minería nacional, se erigía como la voz de los trabajadores de este sector en Madrid y ganaba puntos como peso pesado de la oposición contra el Gobierno del PP. Ese diputado del PSOE vive hoy en La Moncloa y prepara un Real Decreto para poder prolongar las ayudas al carbón nacional tres años más, hasta 2012. Como todos los gobiernos anteriores, el de Zapatero tampoco se atreve a afrontar una verdadera y eficaz reconversión del sector minero y la búsqueda de una alternativa de desarrollo económico real para las zonas afectadas y para la, cada vez más, menguante población que la habita. Desde 1998, año en el que el primer plan del carbón envió 514 millones de euros sólo en ayudas directas a la actividad minera, el Estado ha ido subvencionando una industria no competitiva, pero de la que viven miles de familias en Asturias, Castilla y León, Galicia, Aragón, Andalucía y Cataluña. Pero lo más sangrante es que las ayudas que anualmente reciben las zonas mineras no revierten en la riqueza de los trabajadores de la mina y sus familias. Según los últimos datos oficiales, este año deberían llegar a las zonas mineras unos 1.634 millones de euros que salen de las arcas públicas y del recibo de la luz que mensualmente pagan todos los ciudadanos a las eléctricas. Si el monto total de ayudas revirtiera directamente en la economía de los 8.000 mineros que aún están en activo, cada trabajador disfrutaría de un sueldo bruto anual de 204.425 euros, es decir, diez veces más que el salario medio bruto anual de los españoles. Pero nada más lejos de la realidad que los mineros se beneficien de las prebendas que su sector, por «estratégico» según el Gobierno, lleva aparejado. Un minero veterano puede embolsarse entre 35.000 y 39.000 euros brutos anuales, que se convierten en una retribución mensual de entre 1.800 y 2.300 euros netos. Así, los mineros con más antigüedad perciben, como mucho, el 20% de los 204.000 euros de gasto por trabajador que destina el Estado a mantener esta industria. Fijando una media de 35.000 euros brutos al año, la nómina de los 8.000 mineros en activo cuesta sólo 280 millones. ¿Qué pasa con los restantes 1.354 millones en ayudas que este año llegarán a las cuencas? ¿A qué se destina tan descomunal cantidad de dinero en zonas tan marcadamente despobladas? SIGUE EN PÁGINA 2 Ésa es la pregunta que se hacen los propios mineros, las compañías eléctricas y los analistas. Desde que en 1998 se lanzara el primer Plan del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en parte gracias a las iniciativas lideradas por el diputado Zapatero y su partido, miles de millones de euros han ido a parar a las zonas afectadas. El dinero que no han cobrado los mineros debería haber generado posibilidades de trabajo para la población con la creación de industrias y servicios alternativos y la mejora de las infraestructuras y la calidad de vida. No ha sido así. Expertos consultados apuntan a que buena parte del dinero que ha llegado a espuertas a esas zonas -a razón de 350 millones por año para infraestructuras dignas y creación de industria alternativa- ha sido malgastado a su gusto por ayuntamientos y comunidades autónomas. Hay 600 millones aparcados desde 2004 para iniciativas en las zonas y que ni el Gobierno ni las CCAA se han dignado a activar. Otra parte de las ayudas ha pasado a engrosar las cuentas de las compañías extractoras, cuyos ingresos están garantizados por el BOE. También las eléctricas se han lucrado con su obligación de quemar carbón nacional (sólo en transporte se embolsarán este año 14 millones y otros 6,3 millones por mantener un stock estratégico, además de beneficiarse de los derechos gratuitos de emisión de CO2). Y por último, los mineros y sus familias, aparte de sus sueldos, han podido mejorar sus economías familiares gracias a las becas (45 millones este año) y prejubilaciones (355,8 millones). Pero, en especial, las zonas mineras de Asturias y Castilla y León siguen presas de su pasado y carentes de un futuro. No hay alternativas al maná de dinero público para la mina. «Es una trampa difícil de salvar. O sigues en la mina o emigras», dice un habitante de la zona. La juventud deja su lugar de nacimiento y el envejecimiento de la población es ya un grave problema. Las cómodas prejubilaciones han servido para que los padres se retiren pronto y también emigren con sus hijos hacia otras zonas de España con más oportunidades. Nuevos horizontes especialmente para el colectivo femenino, cuyo nivel ocupacional en las zonas mineras es ínfimo. Casi nada ha mejorado tras años y años de subvencionar una industria no competitiva (el carbón de importación es mucho más barato y eficiente), una situación (la de las ayudas públicas) más sangrante ahora en tiempos de crisis. Es un agravio comparativo que el Gobierno subsidie el carbón y no haga los mismo con otros sectores azotados por la crisis. Eso sí, exceptuando negocios ahora subsidiados por los gobiernos como el automovilístico o el bancario. Ningún político se ha atrevido a afrontar la reconversión y menos Zapatero, muy cercano al sector pero también temeroso del poder de movilización de uno de los colectivos laborales más bizarros. Pocos mineros dirían no al cierre de la mina si tienen una alternativa para ellos y sus hijos. Pero esa alternativa no se ha desarrollado y el plan de reindustrialización de las cuencas se ha convertido en una pantomima, denuncian los municipios de la zona y los sindicatos. Mientras tanto, Industria aprobará en breve un Real Decreto para salvar el carbón nacional garantizando un precio fijo a las eléctricas, que están obligadas a gastar materia prima española. En la horquilla más alta de su precio, el coste total del plan hasta 2012 se elevará a 4.700 millones de euros, con cargo al recibo de la luz de todos los españoles. El impacto del plan del carbón elevará el 8% el precio de la luz, según la patronal eléctrica. Jóvenes sin futuro y prejubilados con 42 años Jonathan do Nascimento muestra su nómina. Tiene 21 años y es ayudante minero, la categoría más baja. Cobra entre 1.400 y 1.500 euros netos al mes. Si las prejubilaciones se mantienen, a Do Nascimento le quedarán 21 años en el tajo; de lo contrario, 30 o más. La media de edad de retiro, gracias a la jubilación anticipada vigente, es de 42 a 44 años. Sobre el papel, la prejubilación en la minería se fija a los 52 años de edad natural o bonificada, con el 80% del salario. La precariedad, penosidad e insalubridad del trabajo, tanto en los pozos como en el mar, fueron reconocidos hace décadas con un régimen especial de la Seguridad Social que establece coeficientes reductores: en función de la insalubridad del trabajo, cada año cotizado equivale a entre tres y nueve meses. Así que 20 años en la mina como picador o barrenista, dos de los puestos considerados más peligrosos y contaminantes, equivalen a 35 años de cotización ordinaria. Hasta que el afectado alcanza la edad de jubilación ordinaria por años de servicio (52 a 55 años, a los que se hubiera retirado de cualquier forma), cobra una jubilación anticipada, similar a la de cualquier otro sector como la banca, las eléctricas o las telecomunicaciones. EL MUNDO 08/11/2009